En el Perú, el TRÁFICO DE INFLUENCIAS está tipificado como un delito en el Código Penal Peruano, específicamente en el artículo 400. Este delito se refiere al acto de utilizar una posición de poder, influencia o relaciones personales para obtener una ventaja indebida o un beneficio a cambio de una compensación económica u otro tipo de retribución, afectando el funcionamiento imparcial de las instituciones públicas.
¿Qué dice el artículo 400 del Código Penal Peruano?
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años…
Elementos del delito en el tráfico de influencias:
- Invocación de influencias: La persona que comete el delito invoca tener poder o capacidad de influir en la decisión de un funcionario o servidor público. Las influencias pueden ser reales o simuladas (es decir, incluso si no tiene efectivamente la influencia, pero finge tenerla para obtener un beneficio).
- Obtener un beneficio indebido: El tráfico de influencias implica el ofrecimiento, promesa o recepción de algún beneficio económico o material.
- Acto u omisión del funcionario público: El objetivo del tráfico de influencias es que el funcionario realiza un acto en su calidad de funcionario, o que deje de hacer algo que debería hacer en el marco de sus funciones.
Agravantes y penas adicionales:
Si el tráfico de influencias afecta gravemente el interés del Estado o si se produce en el marco de delitos cometidos por funcionarios públicos, las penas pueden ser más severas. Además, si el delito se comete por un funcionario público, además de la pena privativa de libertad, se puede aplicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos, conforme lo estipula el Código Penal.
El TRÁFICO DE INFLUENCIAS en el sector privado, aunque es más conocido en el ámbito público, también puede materializarse en las relaciones entre empresas, o entre personas y entidades privadas. Aunque el Código Penal peruano regula principalmente el tráfico de influencias en el contexto de la función pública, las prácticas corruptas que involucran el uso indebido de influencia también se manifiestan en el sector privado, especialmente en situaciones que afectan la libre competencia, la transparencia y la equidad en los negocios.
¿Cómo se materializa el tráfico de influencias en el sector privado?
- Relaciones contractuales:
Un actor privado, como un ejecutivo o representante de una empresa, puede utilizar sus contactos o relaciones personales con otros directivos de empresas, clientes o proveedores para obtener contratos o negocios en condiciones privilegiadas. Esto podría implicar la manipulación de licitaciones, la adjudicación de contratos de manera directa o en condiciones favorables a cambio de algún beneficio (soborno, pago de comisiones, o beneficios indirectos).
- Compras y adquisiciones:
En procesos de compra y adquisiciones de empresas privadas, el tráfico de influencias puede ocurrir cuando un empleado o directivo manipula decisiones para beneficiar a una empresa en particular. Esto podría incluir la presión a otros miembros de la organización para elegir proveedores específicos a cambio de una compensación personal.
- Acceso a información confidencial:
Una persona puede utilizar su posición para obtener información privilegiada de su propia empresa o de otras compañías del sector privado, y luego compartir esta información con terceros o utilizarla en su propio beneficio, con la promesa de una recompensa económica o una ventaja comercial. Esto puede derivar en casos de tráfico de influencias relacionadas con decisiones de inversión, fusiones, adquisiciones o licitaciones privadas.
- Negociación de condiciones comerciales:
Un directivo puede utilizar su posición para influir en las condiciones de un acuerdo comercial a favor de un socio o empresa amiga, manipulando precios, condiciones de pago, o términos contractuales. Esto puede ocurrir a través de la influencia sobre las personas encargadas de tomar decisiones comerciales clave dentro de la organización.
- Contratación de personal:
En el ámbito de la contratación de personal, puede darse el tráfico de influencias cuando alguien utiliza su poder o relaciones para favorecer la contratación de familiares o amigos, presionando o influyendo en los encargados de recursos humanos o altos directivos, a cambio de favores o beneficios económicos.
- Influencia sobre decisiones judiciales o arbitrales privados:
En situaciones en las que empresas privadas recurren a arbitrajes o resoluciones judiciales de carácter privado para resolver conflictos, un actor privado puede influir indebidamente sobre los árbitros o jueces para obtener decisiones favorables, utilizando contactos, pagos o promesas de beneficios a futuro.
Consecuencias del tráfico de influencias:
- Pérdida de confianza y reputación:
El tráfico de influencias puede afectar la confianza de los socios comerciales, los empleados y los clientes, dañando la reputación de la empresa en el mercado.
- Sanciones legales:
Dependiendo de la gravedad del acto, las autoridades pueden investigar y sancionar a las empresas o individuos involucrados, especialmente si el tráfico de influencias implica corrupción , soborno o prácticas anticompetitivas.
- Sanciones internas:
Muchas empresas imponen sanciones internas, incluyendo el despido o la exclusión de socios que utilizan tráfico de influencias para obtener beneficios personales en contra de los intereses de la compañía.
En resumen, el tráfico de influencias puede materializarse a través de una serie de conductas que afectan la transparencia, la competencia y la equidad en las relaciones profesionales y comerciales. Aunque el marco legal en muchos países, incluido Perú, se centra más en el tráfico de influencias en el sector público, el sector privado no está exento de este tipo de prácticas, las cuales pueden tener graves consecuencias éticas y legales.
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